Estrechan el cerco a Batasuna

El ministro español de Justicia, José María Michavila, dijo que las demandas de prohibición interpuestas por el Gobierno de José María Aznar y por la fiscalía General del Estado, pretenden probar que el Partido Independentista Vasco Batasuna, el brazo político de ETA, es la prolongación de la organización terrorista en la política.

"ETA es una banda asesina", dijo el titular de justicia, quien subrayó que las evidencias presentadas confirman la doble militancia de miembros de Batasuna y ETA. "De los siete diputados que Batasuna tiene en el Parlamento del País Vasco, cinco tienen antecedentes terroristas", dijo. La demanda del Ejecutivo incluye 10.000 páginas que contienen más de mil elementos de prueba.

Se pretende demostrar que Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna constituyen un entramado político único que comparte objetivos, sedes, cargos, dirigentes y candidatos. Se quiere probar también que desde su fundación, este entramado ha constituído la prolongación del terrorismo en la política, utilizando las instituciones al servicio del terror.

"En defensa de la legalidad"

La demanda del Ministerio Público ‘en defensa de la legalidad’, fue presentada personalmente por el fiscal general del Estado Jesús Cardenal, en la mañana del martes. El documento, de 80 páginas, incluye 15 hechos de suficiente valor probatorio para demostrar la violación de la Ley de Partidos. Además se anexa una abundante cantidad de documentos y sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Cardenal pidió al Tribunal Supremo, que libere al país Vasco de ‘los nazis’ de Batasuna. Entre los documentos se encuentra un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna condenados por terrorismo que siguen en las filas de la formación. Entre las evidencias, también hay documentos escritos, videos y cassettes -con certificado pericial de que no han sido manipulados- que dan fé de las actividades presuntamente delictivas de Batasuna.

El grupo radical y la organización terrorista

El pasado 26 de agosto, el pleno del Parlamento español aprobó por mayoría la propuesta del ejecutivo de pedir la ilegalización de Batasuna al Tribunal Supremo. Hubo consenso entre todas las fracciones, de que existen probados elementos que dan cuenta de los vínculos entre Batasuna y la organización terrorista, responsable de 836 muertes en los últimos 30 años.

Paralelamente el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, suspendió las actividades de Batasuna durante un período de tres años, ampliables a cinco, ordenó el cierre de todos sus locales y prohibió toda manifestación pública de apoyo a la formación política. El ministro dijo que Francia y Alemania han proscrito unas 30 organizaciones políticas durante los últimos años. "Ya era hora de que España lo hiciera, dijo".

Batasuna dispone de 8 días para comparecer ante el supremo, según los plazos establecidos por la nueva Ley de Partidos en vigor desde el pasado 29 de junio. Tras la suspensión de sus actividades, Batasuna anunció en su página internet, el traslado de sus actividades a Bayona, en el sur de Francia. Su nueva sede será ahora la oficina de su representante ante la Unión Europea, Koldo Gorostiaga, quien dijo que el Partido dispone de una filial que no fue proscrita por el juez Baltasar Garzón.

Españoles apoyan prohibición, vascos no.

La proscripción de Batasuna es apoyada por la mayoría de los españoles, según las últimas encuestas difundidas por los medios de comunicación. El 75% de los españoles cree que debe ilegalizarse la formación, frente a un 17% que se muestra contrario a esta decisión.

En el País Vasco solo el 32% de la población está a favor de la prohibición mientras que el 51% está en contra. El 80% de los españoles está convencido de que Batasuna forma parte del entramado de ETA, frente a un 5% que opina que no es así. En el País Vasco, el 51% de la población cree que ETA y Batasuna están estrechamente vinculados, mientras que un 21% piensa que no.